Por: Jorge Alvis Arrieta
Doctor en Integración y Desarrollo Económico y Territorial de la Universidad de León. Profesor investigador del Instituto de Estudios en Desarrollo, Economía y Sostenibilidad (IDEEAS) de la Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia). jalvis@utb.edu.co.
El compromiso y participación de las comunidades locales en la oposición a proyectos mineros dentro de sus territorios se ha erigido como un desafío para el establecimiento colombiano. En la actualidad, 45 municipios están llevando a cabo procesos de consulta popular para determinar el destino de este tipo de iniciativas.
Los impactos adversos de la minería, especialmente la ilegal, sobre el bienestar están ampliamente documentados y se ven exacerbados por la incapacidad de las autoridades para mitigarlos. No es solo la contaminación, como la resultante del uso de mercurio en la extracción de oro, lo que motiva la resistencia a nivel municipal. También influye la desigual distribución de la riqueza, que perpetúa y agrava otras disparidades existentes.
Si los proyectos mineros, en teoría generadores de prosperidad, parecen haber fracasado, surge la interrogante sobre por qué se promueven y aprueban iniciativas que benefician a unos pocos mientras provocan graves problemas al desarrollo de las comunidades. Este cuestionamiento refleja un sistema de explotación que, por su misma naturaleza o por una gestión ineficiente de los beneficios tanto privados como públicos, ha sido incapaz de convertirse en un motor real de desarrollo.
No obstante, la valiente negativa de algunas comunidades locales a la minería plantea desafíos económicos a nivel nacional. Esta actividad, cuya importancia ha crecido en las últimas dos décadas, contribuye con un 2,3% del producto interno bruto y un 26% de las exportaciones del país, recursos que resultan significativos para impulsar inversiones en un momento en que el gobierno busca generar ingresos fiscales para financiar la etapa posconflicto.
Es evidente que carecemos de un “Plan B”. No se ha delineado una estrategia para la transición de un modelo económico extractivista y dependiente de recursos naturales hacia uno más diversificado y competitivo, capaz de sustituir los ingresos provenientes de la minería y afianzar una base de crecimiento económico, empleo y equidad.
El destino parece estar sellado, dado que cada vez más localidades rechazan estos proyectos con un respaldo creciente de la opinión pública. Además, aún no se ha dado una respuesta clara por parte del gobierno nacional o del sector privado, argumentando las supuestas “bondades” de esta actividad, y mucho menos anunciando cambios en los métodos de extracción que minimicen el daño a las comunidades y fomenten una mayor inclusión productiva.
Nos encontramos rezagados en una estrategia de transformación productiva que permita una transición gradual hacia una economía menos dependiente de los recursos naturales y más sustentable en términos de desarrollo. La participación de las comunidades en las decisiones económicas de su territorio representa una oportunidad invaluable para avanzar hacia este objetivo.
